viernes, 17 de abril de 2020

Cuando la ciencia se mete en política


Sí, la ciencia a veces se mete en política. Y así debe ser.

Corría el año 1969, la Guerra de Vietnam estaba en su punto álgido. Desde de la Segunda Guerra Mundial, con el lanzamiento de las bombas atómicas, latía en la sociedad la desconfianza hacia los científicos. La ciencia tenía mala prensa, con razón o sin ella, y a mi juicio es obligación moral de los científicos el combatirla. Ese mismo año, se declaraba un incendio en el río Cuyahoga (Estados Unidos) relacionado con la contaminación, incendio relacionado con la mala praxis del estado. Fue entonces cuando un grupo de estudiantes del Massachusetts Institute of Technology, consternados por el mal uso que el gobierno estadounidense hacía de la ciencia, fundaron la Union of Concerned Scientists (sindicato de científicos preocupados). Que no se diga...

UCS aúna sus esfuerzos con los de activistas, educadores, empresarios y otros ciudadanos, y con el paso del tiempo ha conseguido desempeñar un papel clave para aprobar normas para las emisiones de gases de los vehículos, promover la utilización de energía limpia, vetar a candidatos anticiencia para el gobierno de Donald Trump, obligar a que ExxonMobil incorpore el cambio climático en su plan empresarial y otros logros.

Me voy a ocupar aquí de una de las denuncias actuales de UCS: el de la supresión del derecho al voto en EE.UU.

Cuando cuento que en los países de habla inglesa −y he vivido un tiempo suficiente en uno de ellos− no existe el carné de identidad, normalmente a la gente no le entra en la cabeza. Diré más: no solo no tienen carné, sino que los ciudadanos de esos países sienten recelo por la idea ¿Cómo se las apañan? Se las apañan. Para votar hay que registrarse, el proceso puede tener sus complicaciones y a veces estas se recrudecen a propósito. Por ejemplo, restringiendo el horario para registrarse, aumentando con ello la probabilidad de que no puedan hacerlo quienes estén pluriempleados o sencillamente trabajen más horas. También se han dado casos en que se exige una partida de nacimiento, documento que no tendrán disponible algunos de los más pobres, pues en tiempos se facilitaba solo a quienes nacían en un hospital y no en casa. Se aplican también normas más descaradas y directas: no permitir el voto a presidiarios o expresidiarios en algunos estados. Mención especial merece la técnica del gerrymandering. Consiste esta en que se divide el territorio en circunscripciones de forma que se diluya el voto de un partido concreto. Si en la zona A se prevé que van a ganar unos indeseables, la zona A se divide en B y C, que formarán dos circunscripciones con las zonas vecinas B' y C' respectivamente. En B' y en C' no ganará el partido en cuestión.

UCS ha descubierto que estas prácticas causan problemas para la salud y el medio ambiente en los territorios donde se practican. Y de ahí se deriva su derecho a intervenir.
La lógica de quienes se oponen a la implantación de un documento nacional de identidad se inspira en buena medida en distopías tipo 1984; argumentan que es peligroso que un estado conozca todos tus movimientos debido a tu obligación de aportar en múltiples ubicaciones un documento con un mismo número de identificación. Tendrían mucha o poca razón, pero en mi opinión la polémica está superada por la llegada de los smartphones. Ahora estamos mucho más controlados que con un carné y a algunas poblaciones les están colando la burra de culo por otro sitio.

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